Universidad Nacional de San Juan - Argentina - Julio 2007 - Año IV - Nº 29

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La praxis emancipadora en Venezuela:
de la revolución social(ista)
a los poderes populares

Álvaro B. Márquez Fernández (Venezuela)

Doctor en filosofía de la Universidad de París. Profesor e investigador del Doctorado en Ciencias Humanas y de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, Venezuela.
Director de la revista “Utopía y praxis latinoamericana”, de la Universidad del Zulia.

La praxis la porta y trans-porta el sujeto de la acción. La acción del sujeto es una re-acción humana siempre abierta de y hacia su historia y cultura, política y sociedad, economía y ética. En ese sentido la acción es el resultado de una toma de conciencia que va del ser del sujeto sobre sí mismo más allá de él, hacia un actuar (praxis) capaz de transformar el mundo y sus interpretaciones. Es el proceso de póiesis por medio del cual la praxis se realiza y recrea a través de las condiciones de vida que forman parte de la reproducción material de los seres humanos, en todo tiempo y en todo espacio.

Es también una superación-deconstrucción de los tipos de crisis que se presentan en el desarrollo de las sociedades. La sociedad no es un sistema de relaciones uniformes y unívocas, la “movilidad social” es consecuencia de un complejo sistema de conflictos y contradicciones, necesidades e intereses, fuerzas y poderes que se entrelazan, principalmente, en torno a las formas hegemónicas de la política y la economía.

Pero no es suficiente considerar la praxis como instancia constituyente del ser, también es necesario considerarla como la “fuerza” que produce el “sentido social” con el que la praxis convierte la realidad en algo concreto humanizado por el hombre. Se quiere decir que la praxis nos permite situar ontológicamente la libertad del hombre frente a sí y a los otros. O sea, esa construcción de la libertad de la que no se puede prescindir para llevar a cabo el proyecto de vida individual y social de los seres humanos. Estarían asociadas a la praxis aquellas prácticas libertarias (ideológicas, discursivas, políticas e institucionales, dialógicas y consensuales, descolonizantes y emancipadoras), de las que se alimentan los pueblos para re-pensar y re-hacer sus historias.

A partir de la exposición de estas ideas, nos parece muy pertinente hacer referencia a algunas de las transformaciones políticas que se están realizando en Venezuela, como un estudio de caso que nos permite aproximarnos a un tipo de análisis que descubra en sus elementos estructurales, cómo y dónde se están generando las praxis emancipadoras, frente: I) a la crisis (léase “absoluto” fracaso) del Estado neoliberal en la América Latina; y II) a la emergencia de nuevos actores y movimientos sociales. Sus objetivos son construir: i) los espacios de participación política como espacios de reconstrucción ciudadana; II) nuevas relaciones educativas-productivas como relaciones social(istas) que favorece una nueva conciencia de la lucha de clases que asume los postulados históricos del marxismo para lograr la negación dialéctica del capitalismo imperialista; y III), por supuesto, la disolución del Estado moderno burgués, por medio del ejercicio de los poderes públicos que deben estar en las manos de la soberanía popular, vale decir, del propio pueblo.

Estas características son señas de identidad de una concepción del Estado, la política y la sociedad, que nos están hablando de una praxis emancipadora revolucionaria. Y es así, en un doble sentido de la praxis: I) la que se orienta a liberar a los sujetos de la opresión y la represión del poder del Estado; y II) la que considera que solamente a partir de los poderes populares es que es viable la revolución en sus condiciones materiales.

La diferencia está marcada con respecto a otros procesos revolucionarios que se han intentado en América Latina. Parecen los mismos “ideales”, pero por otras vías de concreción o realización que colocan a Venezuela y a los venezolanos en una perspectivas de rupturas y de crisis que han hecho posible una significativa y problemática “movilidad social”, tanto por parte de la ciudadanía adherente como la opositora al gobierno del presidente Chávez Frías, con una suficiente fuerza de “golpe y contra golpe” a la que ni el gobierno ni la oposición han podido permanecer neutrales con respectos a sus programas de gestión pública e institucional, a la desobediencia civil y a la beligerancia partidista.

El gobierno de Chávez Frías avanza en el logro de un contundente cambio en las tradicionales (oligárquicas) relaciones y alianzas estratégicas entre poderosos sectores de la sociedad política y civil, a riesgo de fracturar la actual hegemonía del capitalismo neoliberal que impera en Venezuela y los otros países de América Latina y las consecuentes situaciones de desequilibrio institucional que a diario generan presión interna y externa en las diversos programas macro y micro económicos por los que transita el gobierno.

Este fenómeno ha generado una demolición y remoción de las antiguas estructuras de poder que reinaban entre las clases sociales de la sociedad de clases en Venezuela, y quienes dirigían los partidos políticos y a través de éstos las políticas públicas del Estado. La mayor parte de la conflictividad social y la violencia política tiene su lógica explicación, en el continuo enfrentamiento que se ha declarado entre una sociedad civil burguesa y beneficiaria de la rentas del capital petrolero, y otra emergente resituada ideológicamente en su rol político a través de la inserción del Estado en la educación pública y en el desarrollo de la infraestructura productiva del país, invirtiendo a través de los programas de las “misiones” grandes presupuestos económicos.

Se podría decir que en el Estado venezolano se han liberado las auténticas fuerzas sociales que debían formar parte de la construcción de un país. Y esas fuerzas han venido adquiriendo su visibilidad cultural, política y social, desde su estadio de desamparo, pobreza, marginalidad y exclusión. Un capital humano que en este momento encuentra su mejor inversión en la irrenunciable necesidad de poder estar en la política, formar parte del “espacio público” en un reconocimiento de clase que no estaba tipificado ni de los manuales de sociología, filosofía política o ciencias jurídicas de las universidades públicas venezolanas; menos todavía, en una actividad de partido donde el pueblo había quedado cada vez más neutralizado y clandestino de las auténticas praxis emancipadoras.

La aparición del pueblo como sujeto y actor social es la principal característica de la gestión de gobernabilidad que abre el Estado venezolano, en este proceso que con acierto se puede entender como un proceso revolucionario ya que en el fondo del proceso se está cancelando a la vez que propiciando otras formas más humanas de derechos y convivencia social.

En efecto, los cambios son “sustanciales” puesto que los mismos para lograr el fin que se propone este otro Estado social, generan una gran desarticulación de las antiguas formas de integración social donde cada clase de la sociedad de clases se organizaba y reproducía de acuerdo a la dirección del “bloque hegemónico”. No era posible ninguna otra alternativa a la organización de los poderes y a la participación prescrita por tales poderes autofundantes del Estado burgués. Las regulaciones y la validez normativa del orden político establecido al amparo de la legalidad funcional se plegaba casi por completo a la obediencia del Estado.

El desmantelamiento de este tipo de “Estado burgués”, es el escenario que se debe tener en cuenta a la hora de enjuiciar, criticar y evaluar los pro y contra del ejercicio del poder en la concepción política-revolucionaria que tiene Chávez Frías del poder político que sirve de origen a cualquier concepto de Estado. Este poder ahora es orientado a un poder de ciudadanía donde es compartido consensualmente, que excede el poder de una clase sobre otras clases, y el poder del Estado sobre todas las clases.
Si el contexto de la praxis emancipadora es el que se está señalando, se podría advertir, con el margen de error probable, que solamente se puede considerar que el Estado está al servicio de quien resulta ser su desidératum, si el Estado está en continua capacidad de proveer de bien común a la mayoría que representa. Y para lograr esto el Estado debe estar de cara al pueblo del que forma parte orgánica en lo político, moral, ético y económico. La posibilidad de una justicia social emancipadora no puede ser un proyecto contemplativo desde la utopía mesiánica. La utopía material es realizable en la medida que los ideales estén contenidos como valores fácticos en cada una de las praxis sociales que realizan los ciudadanos. En su condición de pueblo el colectivo humano representa el universal posible donde cada uno es a la vez una parte de la totalidad; pero en su condición de ciudadano quienes forman parte de la unidad de pueblo son personas e individuos, solidarios entre sí porque para cada quien uno y otros forman parte del compromiso que les une en la unidad y la diversidad.

Otra historia que está en curso y que se está escribiendo, pasa en sus páginas cada acto de las praxis emancipadoras que todos los días, en cada persona y en cada sociedad, quienes estamos viviendo en la América Latina, logramos con la puesta en escena de un proyecto político donde la concepción social(ista) del mundo y de la vida es la que más se ajusta a la hominización del ser social. Es una experiencia que no compromete a todos por iguales, porque en la sociedad burguesa la igualdad es otra ficción del realismo político. Se trata de profundizar en esa compleja desigualdad, sólo entonces es que podemos hablar de la justicia posible. No existe otro camino que el de la revolución presente...

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