El 7 de noviembre las autoridades de la UNSJ convocaron a la comunidad universitaria, incluidos dirigentes de organizaciones estudiantiles, e invitados especiales, a debatir y elaborar un proyecto de Declaración referida a los «Principios de la Educación
Superior en la Argentina».
En el encuentro se aunaron criterios para producir el documento destinado a proyectar las ideas y principios referidos a la educación, en vista al debate que comienza a generarse en torno a una futura Ley de Educación Superior.
Luego de confeccionar el documento en cuestión con el aporte de todos los asistentes, el Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios, en la sesión del 10 de noviembre (Acta N° 18/16-CS), aprobó el mismo por unanimidad de sus miembros presentes.
Se presenta aquí la versión breve del documento:
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, DECLARA:
La Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe declara a la Educación Superior como bien público social, derecho humano y universal y deber del Estado, entendiéndose que no se trata de un bien sometido a las leyes del mercado, es un derecho con sus indelegables atributos humanos.
A dos años del centenario de la Reforma Universitaria (1918), las modificaciones en la Ley de Educación Superior, sancionadas en 2015, refrendan en Argentina su garantía como derecho universal reafirmando su gratuidad, el ingreso irrestricto y el financiamiento del Estado, rechazando corrientes que puedan promover su mercantilización y privatización, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado.
La responsabilidad del Estado, no radica sólo en el financiamiento. La responsabilidad del Estado significa también proteger y cuidar a la Educación Superior, garantizando la autonomía universitaria y el derecho a participar en la elaboración de la política nacional respetando los marcos legales vigentes.
La historia pone de manifiesto un proceso de articulación en el que se manifiestan tensiones entre lo nuevo y lo viejo, lo tradicional y lo renovador, las continuidades y las rupturas. En este camino hoy resulta necesario hacer un alto para mirar alternativamente al pasado y el futuro. Desde el presente, resulta claro que muchas propuestas que están vigentes, como la evaluación institucional o la necesidad de interconexión entre universidades, son de gran valor en relación con un proyecto futuro. Sin embargo, estas ventajas desaparecen si se descontextualizan de un proyecto integral que asegure los propósitos profundos de esas transformaciones.
Es necesario promover una estrategia integral de profundización del carácter democrático de la Universidad, entendida como un proyecto popular. Para ello se hace imprescindible definir una agenda que fortalezca como una potente herramienta de transformación social, cultural y política, capaz de operar desde las manos del pueblo mismo. La defensa de nuestra Universidad pública, gratuita y laica también se fortalece con un posicionamiento en contra del traspaso de las Universidades Nacionales a las jurisdicciones provinciales.
Esto implica dar fortalecer y consolidar un modelo académico que se caracterice por el trabajo solidarizado con la comunidad, una producción y transferencia de conocimientos y capacidades para resolver problemas relevantes que afectan al país o la región y al bienestar de la población, especialmente de los más postergados.
Se trata de un modelo inclusivo, fundamentado en la capacidad de construir con protagonismo una sociedad en la que la educación -y a través de ella, los bienes culturales- se distribuyan con equidad y solidaridad en favor de una estrategia de transformación social. La Universidad es del pueblo que la sostiene y es él quien debe motorizar los cambios que el país necesita. Las casas de altos estudios deben ejercer el derecho primigenio de discutir las políticas universitarias que el país requiere, desde el ingreso hasta la mejora de los niveles de egreso, pasando por cuestiones de fondo como la gratuidad y la permanencia en el sistema. Entrar y salir, pero también quedarse.
Los recursos que pudieren provenir de otras fuentes deben auditarse celosamente y someterse a los órganos colegiados propios para evitar la injerencia de capitales foráneos en el compromiso productivo de la docencia, la investigación, la creación y la extensión universitarias.
Hay principios a los que sólo se los puede calificar con un adjetivo: irrenunciables. Porque en ellos se labran los cimientos de una universidad capaz de construir con equidad solidaria. Estos principios compartidos sin excepciones por toda la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan reunida en asamblea son:
» La Universidad como bien social y cultural de carácter público y como un derecho humano fundamental;
» La misión de formar, no sólo profesionales sino seres humanos en todas sus dimensiones;
» El carácter laico de la educación universitaria;
» La gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, evitando cualquier forma de arancelamiento indirecto (incluyendo el arancelamiento de la formación de posgrado que debemos ir paulatinamente superando);
» La obligación indelegable del Estado de garantizar el derecho a la educación superior a todos, a través de un financiamiento adecuado a las necesidades de funcionamiento, con fondos genuinos no sujetos a distribuciones espurias o discrecionales;
» El respeto a las funciones básicas de docencia, investigación (ciencia y tecnología), creación y extensión;
» El fortalecimiento del carácter democrático de la universidad;
» La igualdad de oportunidades y el acceso irrestricto a la universidad, reteniendo la matrícula con medidas posteriores como apoyo pedagógico y becas estudiantiles, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario al conocimiento y a la experiencia universitaria para todos aquellos que quieran estudiar en nuestras aulas, sean nacidos en Argentina o en el extranjero;
» La preocupación constante en favor de la mejora continua de los modelos institucionales y las prácticas educativas, a través de procesos de evaluación y auditoría por parte de agencias estatales;
> La autonomía académica, para favorecer dentro de las universidades el desarrollo de estrategias en materia de carreras, títulos y expansión territorial;
> La autarquía financiera, que asegure la posibilidad de administración fecunda de los fondos recibidos sin ningún tipo de influencia (ni de las empresas, ni de los gobiernos de turno);
> El sostenimiento de la paritaria como el ámbito donde se dirimen las condiciones y la organización del trabajo, tanto en el ámbito docente como el no docente;
> El fortalecimiento del vínculo con los egresados de manera permanente a través de oferta de formación continua y participación en el debate universitario;
> El compromiso ético impostergable de la Universidad con la comunidad;
> La generación de conocimiento por una mejor calidad de vida para cada habitante del suelo argentino;
> La participación, con trabajo en el territorio, actuando como vectores de transformación a partir de las necesidades de cada lugar, tomando en cuenta sus falencias y aspectos favorables
> Una vocación pedagógica de carácter emancipador, que permita a los integrantes de la comunidad educativa, concebirse como sujetos que juegan un rol importante en la transformación de la realidad social adversa, con
posiciones críticas y no resignadas, realistas pero no deterministas, frente a los sistemas socio-económicos que generan desigualdad y exclusión.
El compromiso ético con estos principios indelegables, requiere de la elaboración de una nueva agenda de trabajo que implique la construcción de un frente de acción conjunta con otras instituciones, dentro y fuera del sistema universitario nacional.
Nos alienta la visión de ser constructores de emancipación en cada rincón de nuestro suelo, generadores de políticas públicas para el fortalecimiento de los Estados y promotores del bienestar para nuestro pueblo y los pueblos de la Patria Grande, sea que hayan pasado, o no, por nuestras aulas.
San Juan, 10 de Noviembre de 2016
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