La comunicación y su reconocimiento como derecho desde las prácticas y las políticas públicas
Escriben: Luciana Coria, María de los Ángeles Zorrilla y María Cecilia Vila
La libertad de expresión, como facultad de todo ciudadano y ciudadana de decir a viva voz, en un espacio público, lo que piensa, hoy adquirió nuevas formas. El espacio público ya no puede ser concebido sólo como el ágora, la feria o la plaza, hoy también son los medios de comunicación.
El reconocimiento de la comunicación como Derecho Humano supone y redireccionar las acciones que los Estados, las sociedades y los medios de comunicación realizan para cumplir con ese principio. Ir de un modelo más restrictivo, un privilegio para pocos, a una noción más abierta y democrática, el legítimo derecho, individual y colectivo, de las personas, hace necesario problematizar el lugar que la comunicación tiene en nuestras sociedades. Es abandonar el modelo de “Libertad de Prensa”, instaurado a fines del siglo XVIII y vigente hasta el siglo XX, beneficiario para las empresas periodísticas que definieron una mercantilización de la información.
La Declaración de los Derechos Humanos impulsada por Naciones Unidas a mediados del siglo pasado, extendió la noción del derecho de libertad de expresión a los profesionales que trabajan en el periodismo, pero no al resto de los ciudadanos. Posteriormente, en Latinoamérica, con el Pacto de San José de Costa Rica (1978) y la discusión por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC -1980), en el seno de la UNESCO, se promovió un nuevo paradigma que pretendió extenderse al conjunto de la ciudadanía. Hablamos, entonces, de Derecho a la Comunicación como aquel que busca garantizar a toda la población la libertad de poder expresarse sin limitaciones a través de cualquier tipo de medio. El Estado se convierte así en un nuevo actor que no restringirá, sino todo lo contrario, garantizará y promoverá el efectivo cumplimiento de un nuevo derecho mediante políticas públicas. Las políticas de comunicación, entonces, resultan de las acciones que los gobiernos, los creadores, las empresas, los usuarios, la sociedad civil, destinan al ordenamiento de los sistemas de comunicación (Califano, Rossi y Mastrini, 2013,13).
Nuestro país sancionó, en octubre de 2009, una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522) que vino a desplazar al decreto 22.285 que dejó la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Surge de la lucha de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una red multisectorial que estableció los 21 puntos, principios, basales para una nueva legislación. Uno de los cambios fundamentales de la ley vigente es que declara de “interés público” a los servicios de comunicación audiovisual. Además, impulsa acciones desde el Estado que no sólo hacen a la regulación burocrática de los servicios de radio y televisión, sino que activamente propone una democratización de la comunicación. En definitiva, el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Sobre este principio, los Estados son los responsables de garantizar la equidad en el uso de ese bien.
A casi seis años de su sanción, de la conquista significativa para amplios sectores sociales de reconocer su legítimo derecho a ser licenciatarios de estos servicios, la plena aplicación es un objetivo a cumplir. Aunque falta mucho por hacer, algunas políticas como el otorgamiento de autorizaciones, por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ha permitido, en San Juan, la apertura de un medio municipal (“Estación Punta de Rieles” FM 105.9, en Rivadavia) y el reconocimiento de un medio comunitario (Radio La Lechuza, en Pocito). También se instalaron nuevas plataformas tecnológicas para la digitalización de la TV, a través del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) y se da fomento a la producción de contenidos audiovisuales con concursos públicos federales. El año pasado, en la Facultad de Ciencias Sociales, la Defensoría del Público en una audiencia regional escuchó lo que más de 200 chicos y chicas cuyanos tenían para opinar y proponer sobre los medios de comunicación. Sin ir más lejos, nuestra universidad hoy cuenta en su plan de trabajo con la implementación de Xama, una nueva señal audiovisual pública, la primera en la provincia; un privilegio antes impensado.
El primer paso está dado. Es necesario empezar a apropiarnos para que estos principios adquieran la importancia que ha obtenido en el país la defensa de la educación, la salud o la seguridad, por dar algunos ejemplos. El respeto por la diversidad en los discursos mediáticos, la concepción de la comunicación como un bien sociocultural, el acceso y la participación de todos y todas en este servicio contribuye a mejorar nuestra ciudadanía y al desarrollo de los pueblos. Hoy esas discusiones vuelven a abrirse en contextos democráticos que nos ayudan a accionar para cambiar desigualdades. La comunicación está otra vez en la agenda pública y debe permanecer. Es nuestro derecho. ///
Licenciadas Luciana Coria, María de los Ángeles Zorrilla y María Cecilia Vila | Docentes del Seminario Políticas y Planificación en Comunicación y Políticas y Legislación en Comunicación del Departamento de Ciencias de la Comunicación – FACSO – UNSJ
Referencia bibliográfica:
Califano, B., Rossi, D. y Mastrini, G. (2013): Introducción en Mastrini, Bizberge y De Charras (ed.): Las políticas de comunicación en el siglo XXI. Buenos Aires, La Crujía.
La imagen que ilustra esta nota pertenece a la serie «¿Qué somos bajo la máscara?» de la artista plática Inés Lalanne. Ver sobre esta muestra en