La idea de propiedad privada de un medio no debiera habilitar comunicar por fuera de la responsabilidad social. En esta edición de Revista la U, académicos y el titular de una institución de derechos humanos reflexionan sobre libertad de expresión y sobre el hecho reciente de agresión a la homosexualidad desde una radio local.
Por Fabián Rojas
A la luz de una nueva normativa reguladora de la comunicación audiovisual en la Argentina, la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), el panorama de las acciones de los medios de comunicación ya no debería seguir siendo el de antes en lugar alguno del país. El texto se presenta ante los ciudadanos como un surtido de preceptos u objetivos que, en su conjunto, velan por la consecución de prácticas comunicativas responsables, pluralistas, democráticas, inclusivas. Alguno de ellos: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual” (Artículo 3, Objetivos, Inciso m).
Esos preceptos recaen en un plano esencial de la libertad de expresión: sus riesgos. Y esto es así porque en ese acto de expresar por parte de los comunicadores se establece una permanente tensión entre aquella libertad de decir -garantizada por la misma LSCA en el inciso “a” de su Artículo 3, y por la Constitución Nacional (Artículo 14)- y la amenaza latente de vulnerar derechos ciudadanos. De hecho, asiduamente las amenazas se cristalizan en ofensas concretas en medios electrónicos tanto locales como de alcance nacional. En innumerables ocasiones instituciones como el INADI y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (creada por la LSCA), han debido llamar la atención a responsables de exabruptos proferidos desde una pantalla o una emisora radial contra mujeres o minorías sexuales y raciales. Luego de décadas de acción sin políticas de Estado garantes del respeto a la diversidad, el efecto inercia de las malas prácticas comunicativas es patente aún en los medios. Y las libertades de expresión y de prensa se convierten en latiguillos recurrentes de los comunicadores para resguardarse cuando incursionan en comentarios lesivos para la audiencia.
Ser propietario de un medio no debiera habilitar una comunicación por fuera de la responsabilidad. Las emisoras utilizan espacio radioeléctrico y éste es de todos y es de nadie. En realidad, es un patrimonio de la humanidad. “Las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse en forma eficaz y económica para permitir el acceso equitativo a esta órbita (…)” (Convenio Internacional de Telecomunicaciones). Y la LSCA, por su lado, en su Artículo 7, sobre Espectro radioeléctrico, habla de bien público. Por lo tanto, argumentar, como suele suceder, que se editorializa o se opina con absoluta libertad al amparo y justificativo de que se lo hace desde un medio propio, es una farsa. Es una farsa porque el espectro utilizado no es de nadie en particular y sí es de la colectividad. Ergo, en un Estado de derecho y con legislaciones garantes de la pluralidad y la diversidad, esa alegremente promocionada libertad no debe comportar tratos irresponsables, discriminadores o estigmatizantes hacia tal o cual sector de la ciudadanía. Como dice el Indio Solari, la libertad ya no puede soportar que todo sea igual, siempre igual, todo lo mismo (Blues de la libertad).